Hoy ese argentino promedio, muy probablemente tenga claro:
-Que cultivar soja o maíz o trigo en este país es un buen negocio.
-Que, sin embargo, hay diferencias importantes según la región donde se siembre y según el tamaño de la explotación, sobre todo si se toma en arriendo todo o parte de la superficie.
-Que hay un factor favorable, de carácter extraordinario, vinculado a precios internacionales con un crecimiento brusco, que aumentaron notablemente la rentabilidad potencial.
-Que la cadena de valor es compleja, ya que quien siembra debe comprar semilla, fertilizantes o herbicidas a empresas monopólicas y debe vender su cosecha a una cadena de exportación o de industrialización también muy concentrada.
-Que además de esas distorsiones respecto de un mercado ideal, están presentes grandes capitales financieros, actuando como arrendatarios, para aprovechar la bonanza de precios. Estos capitales han desplazados a los arrendatarios tradicionales – propietarios con poca tierra o simplemente contratistas de siembra y cosecha – e incluso han convertido en rentistas a los desplazados, tomando en arriendo su tierra.
-Que el chacarero común es claramente el eslabón más débil de toda la cadena.
-Que el Estado, hasta ahora, no ha intervenido en esta cadena de valor, y por lo tanto no ha modificado el peso relativo de los eslabones concentrados.
Simplemente, ha fijado un derecho de exportación para estos productos, obteniendo con ello recursos fiscales y buscando además impedir el traslado de los mayores precios internacionales al mercado interno de alimentos.
Sobre esta base de elementos, que no me parece sean negados por ninguno de los involucrados en el conflicto, salvo desde el tránsito por la irracionalidad circunstancial y para buscar "triunfos" discursivos o mediáticos, tal vez se pueda obtener alguna explicación solvente de las razones del conflicto y de su salida más útil para las mayorías.
El capitalismo, sobre todo el capitalismo globalizado, está lleno de ejemplos de cadenas de valor con eslabones fuertemente dominantes, que se apropian groseramente de la mayoría de la renta generada. La maquila mexicana; los sistemas textiles de toda el Asia; buena parte de la industria del Este de Europa, funcionan así.
Llamativamente, en ningún caso la característica operativa predominante es el conflicto al interior de la cadena, donde los explotados – usualmente muy explotados – luchen contra los explotadores.
Las corporaciones dominantes son las que se ocupan de organizar el trabajo de modo que para los más perjudicados, esa tarea represente una mejora respecto de su condición anterior. Por supuesto, la mínima mejora posible. Suficiente como para que el nuevo status se vea como aceptable, a la vez que irremediable.
Estas relaciones que en términos psicológicos primarios podríamos calificar de perversas, aunque son corrientes en la economía, solo se modifican cuando el Estado u otras corporaciones en competencia por la misma mano de obra, se encargan de crear alternativas, que lleven a la mejora relativa de los explotados, con una variante frecuente: la mudanza de país para la corporación dominante.
El actual modo de producción agropecuario en la Argentina no difiere cualitativamente de la maquila mexicana. Solo tiene diferencias cuantitativas muy importantes, que lo hacen parecer distinto.
En efecto, este negocio global es de muy alta renta y de permanencia en el tiempo, porque se trata de alimentos y porque además de ser imprescindibles para los que ya consumen, cada año se agregan decenas de millones de personas al mercado.
Tanta renta disponible permite asignar una parte relevante de ella a un segmento que no controla la cadena, pero que cuenta con la fortaleza que le da el hecho que es imprescindible: los dueños de la tierra.
Los monopolios (de insumos, de comercialización interna e internacional) y el gran capital financiero sumado como inversor, dan una tajada a los dueños de la tierra y el resto (los pequeños propietarios o arrendatarios o contratistas) se adapta, recibiendo lo justo para que estén, pero no más que lo imprescindible. Esa adaptación implica, casi mecánicamente, también trasladar el problema a los aún más débiles: los trabajadores rurales, que penan sin salarios dignos y sin cobertura social en su gran mayoría.
Este no es un hecho nuevo en la Argentina. Todo el sistema de producción ganadera fue organizado hace más de un siglo por los frigoríficos ingleses, que definieron qué se producía, cómo se transportaba, cuánto cobraban los amigos y cuánto los no amigos. Los ganaderos ponían Presidentes y Ministros, pero la política ganadera – además de otras - la ponía Inglaterra. Tanto, pero tanto duró esta subordinación, que tengo grabado a fuego en mi memoria el desesperado comentario televisivo del Subsecretario de Ganadería del gobierno de Galtieri en abril de 1982. Cuando Inglaterra declaró el bloqueo a Argentina por la invasión de Malvinas, le preguntaron al hombre qué haría Argentina con la exportación de carne. Casi entre lágrimas contestó que no tenía idea, que la crisis que se generaría sería gravísima. Dijo eso a pesar que en ese momento Inglaterra ya representaba solo el 30 por ciento de las compras de carne argentina y cinco años después ya se vendía carne a más de 20 países.
Un sistema así se regularía solo, a partir de las definiciones distributivas de los monopolios intervinientes, si no fuera por un actor externo: El Estado.
El Estado extrae renta en forma de impuestos y con ello, disminuye la renta de los actores del sistema, pero sobre todo de los más débiles, porque los más fuertes reajustan las relaciones internas para mantener su tasa de ganancia.
El punto que a mi juicio explica los últimos dos meses de conflicto es que si el Estado se limita a eso – a extraer la renta extraordinaria vía impuestos – hay toda una cultura de reacción, que incluye evasión impositiva en las ventas o en el pago de las obligaciones sociales de los trabajadores, en paralelo con la redistribución interna de las cargas a favor de los monopolios. En un camino de imposición creciente, sin embargo, en parte provocada por la evasión previa, hay un momento en que se deteriora la renta de los más débiles hasta un grado tal que la cadena comienza a ser inviable. Esto puede ser cierto o simplemente puede haber una sensación colectiva que se ha llegado hasta allí.
El chacarero no cree que ni los exportadores, ni los proveedores de insumos, ni siquiera los fondos de siembra pagando arrendamientos en dólares por adelantado, sean modificables. Son quienes deciden y decidirán donde él se pone y cuanto gana.
Eso se favorece – reitero – porque hay bastante para repartir. El ajeno, el prescindible, el que molesta y en última instancia llega hasta no dejarnos vivir – piensan los miembros del sistema - resulta ser el Estado.
En tanto y en cuanto no se advierta que esta descripción de brocha gruesa es muy cercana a la realidad se caerá en caracterizaciones confabulatorias, que jamás podrán explicar por qué salvo los peones de campo, que de tan explotados hace tiempo que buscan fugar del sistema, todos los vinculados directa o indirectamente a la producción agropecuaria terminan alineándose en la protesta.
La eventual utilización política de este alineamiento, con el fin de acorralar y quitar fuerza y voluntad de cambio a un gobierno con discurso popular es una consecuencia directa de la estructura productiva que se ha descrito, pero no es la causa del problema.
Quisiera poner énfasis en que estamos evaluando un clásico de la política económica de un país: Como lidiar con sectores esenciales en que hay monopolios u oligopolios.
En la globalización, agregaría dos cosas más:
-Que algunos de esos monopolios son de actuación mundial.
-Que los grandes capitales financieros, sin patria y sin interés sectorial específico, pueden sumarse al problema y en este caso lo hacen.
Sostengo una regla de oro:
ES IMPOSIBLE CONTROLAR LA ACCIÓN MONOPÓLICA EN UNA CADENA DE VALOR SI EL ESTADO – REPRESENTANDO EL INTERÉS GENERAL – NO SE INTRODUCE EN LA PROPIA CADENA, COMO UN ESLABÓN MÁS.
No basta con legislar al respecto. No basta con acordar aspectos parciales o totales.
Una nueva ley de arrendamientos, que desaliente a los grandes grupos financieros, sería un hecho positivo. Pero es insuficiente en una actividad donde hay muchos contratos que no se firman.
La compensación a los productores por tamaño y por distancia también es un hecho positivo, pero su ejecución será muy complicada porque la opción de trabajar en negro es más rentable.
Las retenciones son un instrumento necesario para captar la renta extraordinaria.
Pero a la vez sirven de promotoras de la concentración en las etapas de industrialización de los productos primarios, ya que los grandes inversores hacen rápida utilización de la diferencia de derechos de exportación entre las materias primas y productos terminados.
Entre el grano de soja y el biodiesel hay 20 por ciento de derechos de diferencia.
Entre el maíz y el azúcar de maíz (fructosa) otros 20 puntos. Entre la harina de soja y los pollos 35 puntos. Entre el maíz y los pollos 20 puntos. La lista podría seguir, pero está claro que al frenar el precio interno del grano, se genera a la vez un negocio fabuloso para el producto industrial. Como dato de confirmación, no es de extrañar que en este momento Cargill esté comenzando a participar de la producción de fructosa en la Argentina, donde no tenía ninguna planta, mientras en Brasil tiene cuatro.
Cada medida tomada solo como legislador/regulador o como agente fiscal es insuficiente. Porque el monopolio sigue allí y tiene la fuerza, la imaginación y la experiencia mundial para descubrir e implementar su reacción, antes y por encima del funcionario público.
Lo único que controla al monopolio es que deje de serlo.
Por orden de importancia, en consecuencia, resulta inexorable que un gobierno popular cumpla los siguientes pasos:
-Compre y venda granos y todo otro producto del campo que sea necesario, fijando de ese modo precios de referencia.
-Exporte granos por sí o apoyando cooperativas de productores nacionales.
-Importe insumos básicos para la agricultura.
-Recupere su capacidad de producción de semillas.
-Apoye – con su poder de compra y no solo con legislación - la producción regional de leche y su industrialización; de carne vacuna o aviar y su industrialización.
Cuando y cómo lo hará depende de los complejos procesos de organización que se necesitan para todo eso. Pero deberíamos tener claro dos conceptos:
-Recorrer un camino como ese es inexorable si se quiere integrar de verdad la producción agropecuaria y todos los que dependen de ella a un colectivo nacional.
Hasta entonces, el sistema buscará – y conseguirá – autorregularse eludiendo al Estado y continuando la expulsión, o el deterioro de la calidad de vida, de todos los actores más chicos.
Enrique M. Martínez Presidente del INTI
