Rechazan presiones en favor de represores presos

Presentaciones ante la Procuración Penitenciaria a favor de represores

Ante la fuga del represor Julián Corres, que estaba detenido en una delegación de la Policía Federal Argentina en Bahía Blanca, reiteramos la necesidad de que los imputados de crímenes de lesa humanidad sean alojados en unidades del servicio penitenciario y señalamos que estos hechos ocurren porque aún existe un alto grado de complicidad y encubrimiento de varios sectores con la impunidad. En ese mismo sentido, la mujer del ex comisario Etchecolatz, Graciela Carballo, denunció que a su marido, que está en la cárcel de Marcos Paz cumpliendo condena a cadena perpetua por algunos de los delitos de lesa humanidad que cometió, se le niega la prisión domiciliaria, y que en el hospital Velez Sársfield le dijeron "asesino".
El 1º de julio el abogado defensor de varios represores, Alfredo Solari, presentó una denuncia ante la Procuración Penitenciaria de la Nación por supuestas violaciones a varios derechos de sus defendidos, a la que adhirieron numerosos represores que también se encuentran en Marcos Paz. Dice Solari que la cárcel es sucia, que falta comida, se queja del régimen de visitas, del mal estado del camino que lleva al penal. Que el hecho de que sus defendidos estén en una cárcel común, y no en una unidad militar, les veda el acceso a internet, a tener electricidad y mobiliario "adecuados", a recibir llamados desde el exterior, privacidad en las comunicaciones. O sea, están en condiciones similares a las de los miles de detenidos que pueblan las cárceles argentinas. Pero según Solari, que firma su denuncia como "defensor de militares perseguidos políticos y prisioneros de guerra", esto constituye un trato discriminatorio, indigno y persecutorio contra los militares.
No sólo el doctor Solari procura por múltiples medios que los responsables de miles de desapariciones y tormentos, del secuestro y apropiación de niños y de cientos de homicidios, disfruten de trato privilegiado en unidades militares apelando a su condición de tales. Lo hacen camaradas en actividad de los detenidos, que mantuvieron una reunión en la Procuración Penitenciaria y, según se hizo público, también dirigentes políticos como Horacio Jaunarena y Enrique Nosiglia se reunieron con militares con el mismo propósito. Asimismo, hemos tomado conocimiento que en estos días médicos de la Procuración Penitenciaria están yendo a la cárcel de Marcos Paz para revisar a los militares.
Todas estas gestiones apuntan a burlar el principio de igualdad ante la ley –que los sometidos a proceso penal reciban tratamiento penitenciario-, y a soslayar la intervención de los tribunales civiles que los está juzgando. A la vez, abonan la justificación de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas durante la dictadura militar, por lo tanto –según esa justificación- no deberían ser procesados, o, en todo caso, sólo podrían serlo por sus pares, o sea, los militares.
Ante estas acciones, manifestamos nuestra firme oposición a cualquier gestión que implique lesionar la intervención de la justicia, ya sea sosteniendo la condición militar de los imputados o concediendo privilegios injustificables.
Tanto la todavía no esclarecida muerte del represor Febres, como los increíbles privilegios de que disfrutó mientras estuvo a disposición de la justicia, como las irregularidades constatadas en las condiciones de detención en unidades militares, son prueba clarísima de la responsabilidad institucional de las fuerzas armadas. Los adherentes a la denuncia de Solari (Donda, Pernías, Astiz, por citar algunos) se han beneficiado durante largo tiempo con irregulares salidas avaladas por la propia Armada, y pretendiendo recuperar ese estatus han pedido audiencia personal con el Procurador Francisco Mugnolo.
El traslado a cárceles comunes, además de ser la situación lógica de cualquiera que sea sometido a juicio penal por jueces civiles, es un reclamo permanente asociado a la protección de los testigos –subrayamos que el testigo Julio López, fundamental en la condena a Etchecolatz, lleva más de 22 meses desaparecido- y a la necesidad de que todas las medidas que se toman en estos procesos deben quedar absolutamente al margen de la autoridad militar. Incluso sostenemos que no existe un control fehaciente y efectivo por parte de los jueces de los casos en que los imputados son beneficiados con arresto domiciliario.
Como militantes defensores de los derechos humanos siempre hemos exigido condiciones dignas de detención para los presos sociales sin obtener respuesta alguna. Hoy vemos con asombro que sectores reaccionarios se escudan en la situación de las cárceles con el único objetivo de que sus amigos genocidas paguen sus crímenes en confortables domicilios o en hoteles cinco estrellas.
La Procuración Penitenciaria debe velar por los derechos de las personas privadas de la libertad y alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Cualquier acción tendiente a otorgar privilegios, dar intervención al ámbito militar o burlar las medidas ordenadas por jueces civiles en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, burlaría los objetivos para los cuales fue creada.



Delia Barrera y Graciela Daleo, querellantes en causas contra represores.
Buenos Aires, 29 de julio de 2008